Mabel Capital, la sociedad inversora del empresario hotelero Abel Matutes y el tenista Rafa Nadal, ha puesto a la venta dos áticos –a precio récord en Madrid– de su promoción de un inmueble rehabilitado en la plaza de la Villa de París. La empresa, que ha contratado a la consultora Colliers International para la comercialización, pone así en el mercado las últimas joyas de ese edificio, las dos viviendas de la planta más alta, que superan el precio de 10 millones de euros.

Esta sociedad inmobiliaria adquirió en 2017 el inmueble para su rehabilitación, un edificio ubicado exactamente en el número 3 de la calle General Castaños, junto a la plaza Villa de París, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en una zona señorial entre Colón y Alonso Martínez. Está previsto que la obra concluya a mediados de este año y únicamente quedan por comercializar esos dos áticos, según fuentes del sector.

El importe esperado de venta alcanza los 20.000 euros por metro cuadrado, lo que supone un récord en la ciudad, superior al importe medio de las viviendasFour Seasons Private Residences Madrid en Canalejas junto a la Puerta del Sol, que alcanzó los 14.500 euros por metro cuadrado. También podrían desbancar a los 18.000 euros por m² pagados en la promoción de Lagasca 99, de Lar España y el fondo Pimco.

La rehabilitación realizada por Mabel en una docena de pisos de General Castaños ha atraído a fortunas españolas y latinoamericanas y se espera que estos áticos con terraza que salen ahora a la venta sean precisamente atractivos para un comprador extranjero. Los potenciales interesados de países iberoamericanos buscan en Madrid una segunda residencia para largas temporadas, en alternativa a otros destinos como Miami y atraídos por el idioma común, la cultura, un estilo de vida seguro y por ser puerta de entrada a Europa.

Desde Mabel se asegura que queda por vender el 10% de la promoción. “Siempre ha gozado de interés, incluso durante la pandemia”, destacan. “Es un proyecto de rehabilitación único en una ubicación excepcional, no hay nada parecido en la capital”. El edificio cuenta con piscina, spa y gimnasio y los salones de los áticos dispone de una altura de cinco metros. Entre los compradores de una de las casas, se encuentra Marta Ortega, segunda hija del fundador de Inditex Amancio Ortega, según fuentes del sector.

Mabel Capital es una sociedad inversora impulsada por el empresario balear Abel Matutes Prats –presidente de Hotel Palladium Group e hijo de Abel Matutes, exministro de Exteriores en el primer gobierno de José María Aznar– y su socio Manuel Campos, quien ejerce de consejero delegado de la compañía. En esta empresa también participa Rafa Nadal como inversor. En el consejo de administración, de hecho, se sientan como consejero su padre Sebastián Nadal y está representada la firma Aspemir, el vehículo con el que el tenista articula sus inversiones y en el que ejerce su madre Ana María Parera como apoderada, según recoge la plataforma Insight View.

Desde Mabel se explica que la empresa se dedica “a la inversión y desarrollo inmobiliario sostenible” en residencial, hotelero, comercial y oficinas. Los proyectos, especialmente los residenciales, “se caracterizan por sus ubicaciones únicas y exclusivas”, afirman desde la empresa, que tiene actividad en España, EE UU y Portugal. Recientemente, la inmobiliaria adquirió un edificio de oficinas en el centro de Lisboa, tal como adelantó El Confidencial.

(publicado por Alfonso Simón Ruiz el 10-02-2021 en cincodias.elpais.com)

«Esto va a meter presión al Gobierno de cara a la nueva ley estatal». Así resumen desde uno de los mayores fondos inmobiliarios que operan en España el principal impacto que va a tener el 14-F en el mercado inmobiliario nacional, un terreno en el que llueve sobre mojado. Desde hace años, Cataluña es la brújula que marca el norte hacia el que están girando las políticas de vivienda en España, una guía liderada por los partidos de izquierda más radical, que han hecho bandera del derecho de todos los ciudadanos a tener un hogar a un precio accesible, ya sea compra o alquiler, y que para construir su discurso han criminalizado a los grandes inversores institucionales.

Sobre esta base, en los últimos tiempos, en Cataluña se han desarrollado diferentes normativas, como la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, las limitaciones al precio del alquiler, la obligación de ofrecer alquileres sociales a okupas que hayan entrado en un piso vacío o la de ofrecer un alquiler social por hasta siete años en los casos de ejecución hipotecaria.

«Esto es una locura», se lamenta un empresario inmobiliario catalán que pide salvaguardar su anonimato. «Han ganado unos partidos que defienden que quien ocupa una vivienda tiene derechos sobre esa casa y que son ellos quienesdeben poner el precio de los pisos, no el mercado. Yo me juego mi dinero, y te digo que aquí no va a poner una ‘pela’ nadie», añade. «El problema son los constantes cambios regulatorios, es la inseguridad jurídica, más que una normativa concreta. Una ley puede gustar más o menos, pero tiene que ser constante, no cambiante», señala Roberto Rey, presidente de la firma de valoración y consultoría inmobiliaria Gloval.

Aunque el grueso de los análisis tras el 14-F se están haciendo en clave independentismo-constitucionalismo, para los inversores inmobiliarios el reparto de fuerzas está entre partidos de izquierda radical y partidos moderados, y los vencedores este domingo han sido los primeros. «Han salido reforzados los partidos que no respetan la seguridad jurídica ni la empresa privada, lo que va a traducirse en una mayor fuga de inversiones en Cataluña», aseguran desde un gran fondo internacional.

Dos operarios desmontan el material publicitario de la campaña electoral en la sede de ERC en Barcelona. (EFE)

Desde Alantra, en una nota a inversores de ayer, se destaca «la falta de seguridad jurídica en el sector inmobiliario» como uno de los elementos que más han jugado en contra de la economía catalana en los últimos años en la región, una comunidad que por sus desafíos políticos ha ido perdiendo fuerza, y flujos de inversión que habrían ido a este mercado se han redirigido a otras regiones como Madrid, que se han comportado mejor. Además, recuerda que ERC ya «está apoyando la coalición gobernante a nivel estatal».

La fortaleza con que salen de estos comicios ERC y CUP va más allá de los 42 diputados que suman entre las dos, y que unidos a los 32 de JxCAT les permitirían gobernar, y llega hasta Madrid, donde PSOE y Unidas Podemos decidieron aparcar las negociaciones sobre la nueva Ley Estatal de Viviendas hasta que pasaran las elecciones catalanas.

Los principales desacuerdos entre los socios de gobierno giran en torno a la necesidad de obligar a los grandes tenedores a dedicar el 30% de sus viviendas a alquiler social, la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado del alquiler y la regulación de los precios del alquiler.

Conviene recordar que, ya el pasado noviembre, la formación de Pablo Iglesiaslanzó un órdago al presidente Pedro Sánchez cuando, en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, firmó junto a ERC y EH Bildu dos enmiendas para paralizar los desahucios, desafío que terminó obligando al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a comprometerse a tramitar una nueva normativa. «En estos meses, hemos visto que Unidas Podemos tiene más poder en el Gobierno del que le correspondería por peso en materia de vivienda, pero es su mantra y ahí no cede posiciones hasta que consigue doblegar al PSOE», reflexionan desde otro fondo.

Un ejemplo de cómo pueden llegar a impactar estas políticas en el negocio se acaba de ver en Barcelona, donde el año pasado se desplomó un 40% el número de visados de vivienda nueva, según los datos del Colegio de Arquitectos de Cataluña. En este desplome, obviamente, tuvieron un papel crítico la pandemia y el confinamiento, pero el hecho de que en el resto de la provincia el recorte fuera solo del 17%, y que en el conjunto de Cataluña se situara en el 23%, indica que la Ciudad Condal está siendo víctima de un frenazo inversor en seco para nuevas promociones por la norma que obliga a destinar un 30% a vivienda protegida.

«Al final, el mercado privado siempre encuentra las formas de desarrollarse de otra manera», apunta Carles Vergara, profesor de Dirección Financiera de IESE, para quien «una de las cosas buenas, o menos malas, que ha traído el resultado del 14-F es que se va a tener que llegar a acuerdos, se necesitarán mayorías». La duda es hasta qué punto, y teniendo en cuenta la importancia que para estos partidos tiene la política de vivienda, si lo que se pacte en el Parlament terminará llevándose hasta el Parlamento nacional.

(Publicado por Ruth Ugalde en elconfidencial.com el 16-02-2021)

El Gobierno ampliará en el Consejo de Ministros de mañana varias de las medidas en materia de vivienda contempladas en el llamado «escudo social». Por un lado, se extenderá la prórroga automática y obligatoria de los contratos de alquiler que expiren antes del fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo. Por otro, se extenderán las moratorias de deuda arrendaticia «para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica» derivada del coronavirus, confirman fuentes oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

En un principio, la ampliación de los contratos de alquiler estaba contemplada hasta el 21 de agosto de 2020, se amplió hasta el 30 de septiembre, recientemente hasta el 31 de enero de 2021 «y ahora se propone que se extienda hasta la finalización del actual estado de alarma». Esta prórroga podrá aplicarse, previa solicitud del inquilino, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor, sin que pueda haber cambios en las rentas mensuales a pagar, por ejemplo.

Esta medida «solventa la anomalía transitoria de aquel inquilino que ve finalizado su contrato de arrendamiento y, en un contexto de movilidad condicionada o reducida y de actividad y rentas arrendaticias afectadas por la crisis, debiera buscar activamente otra vivienda para arrendar», explican desde el Ministerio. Se concede un «margen justo y razonable» al inquilino sin penalización para el propietario. El equilibrio entre ambas partes y las consecuencias de esta medida, añaden, «no pueden ser más que positivas, ya que en España el arrendador del 85% de las viviendas en alquiler es una persona física y su vulnerabilidad, en su caso, ha de ser protegida en paralelo a la del arrendatario».

En el caso de las moratorias de deuda arrendaticia, se aplaza por ley también hasta el 9 de mayo el pago de las rentas por parte del inquilino en el caso de las viviendas propiedad de un gran tenedor. El Ejecutivo viene entendiendo por gran propietario «a la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2» y a empresas o entidades públicas de vivienda.

El Ministerio recuerda que esta norma entrará en vigor siempre que dicho aplazamiento, o la condonación total o parcial de la deuda, no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. En un principio, el plazo de solicitud para lograr esta prórroga finalizaba el 2 de julio de 2020, se amplió asta el 30 de septiembre, más tarde, de nuevo, hasta el 31 de enero de 2021, «y ahora la propuesta es ampliarlo hasta la finalización del actual estado de alarma».

Si este acuerdo no se hubiese producido, el propietario podrá optar a una reducción del 50% de la deuda, con un máximo en todo caso de cuatro meses, o una moratoria en el pago de la renta, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. En el último caso, la deuda se aplazará mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, sin ningún tipo de interés a pagar por parte del inquilino.

Moratoria hipotecaria

En materia de vivienda, el Gobierno ampliará también el plazo para solicitar las moratorias hipotecarias y de créditos al consumo hasta el próximo 31 de marzo, si bien este último punto aún tiene que perfilarse y no es seguro que llegue al Consejo de Ministros de mañana, explican desde el Ministerio de Economía.

«Aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo en línea con el marco europeo recientemente aprobado», explicó la semana pasada la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en un encuentro previo a la reunión del Eurogrupo.

En septiembre, el Consejo de Ministros prorrogó hasta el 31 de enero la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda durante seis meses para evitar subidas «abusivas» y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública. Sin embargo, el Gobierno no amplió la duración de la moratoria hipotecaria, una de las medidas más relevantes del llamado escudo social, que se pudo solicitar hasta el 29 de septiembre.

Hasta el momento, según los datos oficiales actualizados este lunes por el Banco de España, cerca de 220.000 personas se han beneficiado de la moratoria hipotecaria impulsada por el Ejecutivo a comienzos de la crisis sanitaria, a las que les suman otras casi 795.000 que no cumplían los requisitos marcados por el Ejecutivo y que tuvieron que recurrir a las moratorias sectoriales impulsadas por las entidades privadas. Se le añaden, por último, otras 363.000 personas que se han acogido a la moratoria legislativa de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

(Publicado por Pablo Sempere el 25-01-2021 en cincodias.elpais.com)

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Sr. Angel Ascensio, «prevé que para junio de 2021 se alcanzaría la inmunidad colectiva y con ello la recuperación del ritmo de la actividad económica.» Puede escuchar su mensaje en el siguiente Vídeo

Con esta lineas sólo deseamos saludarte y desearte una Feliz Navidad y un año 2021… ¡Bueno!

Este año ha sido, probablemente, uno de los más extraños que nos ha tocado vivir, pero todo parece indicar que el año próximo será definitivamente mejor. En cualquier caso, debemos seguir siendo precavidos y muy especialmente esforzarnos en cuidarnos y cuidar de los nuestros.

Mantengamos el ánimo y el buen humor en nuestro día a día, que pronto todo cambiará para bien.

¡Felices Fiestas!

Enrique Camps y Salvador Camps

Deseamos aprovechar estas fechas navideñas para desear a todos unas Felices Fiestas y un 2021… ¡Bueno!