La inevitable subida de las hipotecas a tipo variable, como consecuencia de una tendencia al alza del Euríbor y de los precios como consecuencia de la inflación, se producirá tras la próxima revisión de la misma. El pasado mes de agosto, el indicador referencia cerró en un 1,249%.

A esto, se suma que su tasa diaria superó el 2% tras la última subida de tipos del BCE en 75 puntos básicos a principios del mes de septiembre. Esto significa que, para una persona con un préstamo de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más 1% y a la que se le aplica el Euríbor del mes de agosto de 2022, tras la revisión la cuota subirá a 654,12 euros. Es decir, pagará de media unos 121,98 euros más al mes y 1.463,76 euros más al año.

Una situación que afectará a casi un 30% de la población española, además de aquellas personas que tengan contratada una hipoteca mixta y que se encuentren en el tramo de hipoteca variable. Por su parte, más del 70% restante que cuenta con una hipoteca a tipo fijo, no se verá perjudicada por la subida del indicador referencia dado que paga siempre la misma cuota.

La primera opción pasa por cerrar nuestra hipoteca y abrir una nueva en la que establezcamos un tipo de interés fijo. Esta opción suele recomendarse si, además de cambiar el tipo de hipoteca, queremos ampliarla. Cancelar la antigua hipoteca puede suponer un coste de hasta el 1% del precio de la misma, a lo que hay que sumar impuestos relacionados con la nueva hipoteca.

Pasarse a un tipo fijo, principal opción recomendada

De este modo, las alternativas para afrontar esta situación complicada para muchas familias se reducen a la posibilidad de pasarse a un tipo fijo, en lugar de continuar con el tipo variable, sin la necesidad de cerrar nuestra hipoteca y abrir una nueva. Se puede hacer de dos maneras, por subrogación, es decir, cuando se cambia el préstamo de entidad financiera, o bien por novación hipotecaria. En este caso, se trata de una operación que puedes usar para modificar las condiciones de tu préstamo después de haberlo contratado.

En ambos casos, se pasa a pagar una mensualidad fija y se deja de pagar la cuota variable que varía en función del Euríbor. Sin embargo, ambos métodos traen consigo cambios en las condiciones del préstamo hipotecario por parte del banco, de modo que puede afectar al tipo de interés, comisiones o requisitos de bonificación, entre otros, según recoge el portal ‘HelpMyCash’.

Refinanciación de la deuda para familias en apuros

Por otro lado, existe la opción de conseguir una refinanciación de la deuda. Algunas entidades bancarias ya ofrecen a sus clientes esta posibilidad, especialmente para aquellas familias en apuros. Un compromiso propio de los bancos que se recoge en el Código de Buenas Prácticas que el sector bancario firmó en 2012, en el que se apostó por la reestructuración de la deuda para las familias más vulnerables.

Dicho compromiso recoge varios derechos. Entre ellos, la garantía de que los bancos no te cobren un interés de demora superior al tipo ordinario más el 2% sobre el capital pendiente, recibir en un plazo máximo de un mes el plan de reestructuración de deuda, y el derecho a la dación en pago, es decir, en el supuesto de que el plan de reestructuración sea inviable, el banco cancela totalmente la deuda a cambio de quedarse con la vivienda.

Para que las entidades bancarias puedan ofrecer este plan de reestructuración, es imprescindible cumplir con estos requisitos. Que se trate de la vivienda habitual, que la cuota del crédito supere un 50% de los ingresos de la familia, y que los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar residentes en el hogar no sobrepasen tres veces el indicador IPREM. También se exige haber sufrido una “alteración significativa” de tu situación económica o familiar en los cuatro años anteriores a la solicitud.

(Escrito por David Zorrakino – Europa Press – y publicado en as.com el 20-09-2022).

Únicamente el 35% de las viviendas en venta en España tiene una superficie superior a los 100 metros cuadrados, según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa. Por el contrario, las viviendas que cuentan con menos de 40 m2 apenas suponen un 1% del mercado (un 0,6% si evitamos los redondeos), mientras que aquellas entre 40 y 60 m2 alcanzan al 9% de la oferta disponible. La tipología más frecuente son las viviendas de entre 75 y 90 m2, que suponen el 24% de todo el mercado, las de entre 60 y 75 m2son el 14% y las de entre 90 y 100 m2 el 17%. Las casas con más de 240 m2 solo suponen el 2% de la oferta de viviendas en venta actual.

Solo dos capitales cuentan con un parque de viviendas en venta en el que la mayoría tenga más de 100 m²: Albacete, donde el 57% de la oferta anunciada tiene un tamaño superior, y Palma, donde el porcentaje alcanza el 55%. Les siguen Lugo y Murcia (49% en ambos casos), Valencia y Pontevedra (48% también en los dos), Soria (47%), Alicante (46%), Granada (45%), Castellón de la Plana (45%), Guadalajara (44%) y Ceuta (44%).

Por el contrario, en Oviedo solo el 21% de la oferta tiene más de 100 m2, seguido por el 23% de Huesca, y el 27% de Huelva, Salamanca y Burgos. En Barcelona, se sitúa en el 30% mientras que Madrid está por encima de la media nacional, con el 36%.

Madrid es la ciudad en la que se venden más viviendas por debajo de los 40 m2

En el lado opuesto, Madrid es la ciudad en la que se venden más viviendas por debajo de los 40 m2 (el 6% de la oferta), seguida por Las Palmas de Gran Canaria (5%), Tarragona, Barcelona, Toledo y Huesca (con el 3% en las 4 ciudades). En 22 capitales de provincia, la incidencia estadística de este tamaño de viviendas es nula.

Precios por metro cuadrado en función de superficie de la vivienda

El precio por metro cuadrado varía también en función del tamaño de la vivienda, siendo generalmente más caro cuanto más pequeño es el inmueble (debido al menor importe final de la operación), aunque cuando las viviendas comienzan a ser más grandes y empiezan a poder ser consideradas como lujo, esa tendencia tiende a invertirse.

Así, el precio medio por metro cuadrado de una vivienda de menos de 40 m2 alcanza en España los 2.949 euros, lo que supone un 94% más que el metro cuadrado de las viviendas entre 100 y 120 metros, que con 1.518 euros/m2 suponen el rango de tamaño más económico por metro cuadrado. A partir de este punto, el precio comienza a incrementarse, debido a que en muchas ocasiones las viviendas más grandes están situadas en zonas ‘prime’ y cuentan con acabados de mayor calidad. De media, en España el metro cuadrado de las viviendas con más de 240 m2 tiene un coste de 2.724 euros/m2, un 79% más que las de entre 100 y 120 m².

Málaga es la ciudad en la que la diferencia entre las viviendas más grandes y las de 100m2/120m2 es mayor, alcanzando el 68% de sobreprecio. Le siguen Palma (62%), Madrid (55%), Valencia (53%), Santander (50%) y León (47%). Aun así, en 19 capitales el metro cuadrado de las viviendas de más de 240 m2 es más económico, con Toledo a la cabeza (donde el descuento es del 47%). Le siguen Ceuta (-37%), Melilla (-35%), San Sebastián (-28%) y Huesca (-24%).

La diferencia con las viviendas más pequeñas, aquellas con menos de 40 m2, está más generalizada. En Alicante, el metro cuadrado de vivienda pequeña es un 97% superior al de aquellas de 100m2/120m2, mientras que la diferencia llega al 78% en Las Palmas de Gran Canaria, al 77% en León y Murcia,  y al 73% en Castellón de la Plana y Ourense.

En Madrid, el sobreprecio por esas viviendas pequeñas es del 17%, mientras que en Barcelona son 1% más baratas. Este fenómeno de precios más bajos en viviendas pequeñas también se da en Santander (-29%), Jaén (-18%), Zaragoza (-18%), Bilbao (-17%), Guadalajara (-16%) y Vitoria (-8%).

(Publicado en idealista.com el 13-09-2022)

La okupación ilegal de los inmuebles se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Más allá del perjuicio económico que supone el hecho de no poder disponer de una propiedad, uno de los grandes problemas está relacionado con el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los okupas. Un plazo que poco a poco se está ampliando.

Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a un okupa ilegal se situó en 2021 en 18,1 meses, teniendo en cuenta tanto tanto los «procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas» de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en lo civil (9,6 meses) y las «apelaciones de sentencias de juicios verbales» de las Audiencias Provinciales (8,5 meses). Dicho de otro modo: actualmente los fallos judiciales en firme para desalojar a los okupas ilegales de las viviendas tardan algo más de año y medio.

El propio organismo define los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda como aquellos que son «para que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas”. Por tanto, no están incluidos los procesos de impago de las rentas del alquiler, que «siempre van como procedimiento verbal arrendaticio«, aclara el CGPJ. 

Esos más de 18 meses que puede sumar un procedimiento hasta la sentencia definitiva es un periodo nada desdeñable, sobre todo si tenemos en cuenta queel problema de la usurpación ilegal afecta a unos 100.000 inmuebles en todo el territorio y que cada día se producen cerca de 40 nuevas okupaciones de viviendas, según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. El Ministerio de Interior, por su parte, contabilizó cerca de 13.400 denuncias entre enero y septiembre de 2021, con un crecimiento interanual del 20%. 

Además de aumentar los casos de okupaciones, también se está incrementando el plazo de respuesta de la justicia. En 2020, sin ir más lejos, el promedio total para conseguir una sentencia en firme estaba en 16,7 meses, mientras que en 2019 se situaba en 13,1 meses. En 2018, último año al que se remonta la serie histórica entre ambas instancias, el plazo estaba por debajo del año (11,7 meses). 

De los 30 meses de Castilla y León a los 9 de Asturias

Las estimaciones de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales que recopila el CGPJ también incluyen los plazos por CCAA. 

La primera lectura es que más de la mitad de España registra unos plazos inferiores al promedio nacional. En concreto, los propietarios de 12 CCAA deben esperar menos de 18,1 meses para tener una sentencia firme de desalojo de los inquilinos ilegales. 

Las comunidades donde los fallos llegan con más rapidez son Asturias y Navarra, con 9,3 y 9,7 meses, respectivamente; seguidas de Aragón, con 10,8 meses. En el resto del país el plazo medio ya excede de un año. En Galicia y Castilla-La Mancha, por ejemplo, supera por poco los 13 meses, mientras que en Extremadura y el País Vasco también están por debajo de los cinco trimestres (14,2 y 14,7 meses, respectivamente). 

Por debajo de la media doméstica también se encuentran Comunidad Valenciana (16 meses), Madrid (16,3) y Cataluña (18 meses), las regiones que concentran el mayor número de okupaciones ilegales de todo el país, junto con Andalucía (cuyo promedio se acerca ya a los 20 meses). 

En Baleares el tiempo medio que deben esperar los ciudadanos para desalojar a los inquilinos ilegales con un fallo judicial en mano es algo inferior (18,3 meses), mientras que en Murcia supera los 21 meses y en Canarias, los 22 meses. Pero si hay una autonomía donde los juzgados tardan más en dictar sentencia es Castilla y León, cuyo periodo medio se sitúa en dos años y medio (30,8 meses).

La cifra es consecuencia del retraso de las audiciencias provinciales para dar salida a los procedimientos de apelaciones (19,5 meses, frente a los 8,5 meses de media nacional; a los 6,4 meses de Madrid; a los 8 meses de la Comunidad Valenciana o a los 10 meses de Cataluña). 

Si nos centramos en el plazo de resolución de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas de los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia, las seis regiones con unos plazos superiores a la media nacional son Madrid, Baleares, Andalucía, Canarias, Castilla y León, y Murcia (en este último caso, con 14,9 meses). Al otro lado de la tabla se encuentran País Vasco, Asturias y Navarra, donde los tribunales dictan sentencia en un plazo máximo de cinco meses. 

Procedimientos con los okupas fuera de la casa

José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), explicó en una entrevista a idealista/news que una de las medidas que se podrían tomar para combatir esta lacra es que España siga los pasos de otros países del entorno para que el procedimiento judicial pueda seguir con los okupas fuera de las casas.

“El problema es que aquí se hace con los okupas dentro, por eso el proceso se alarga, los plazos se amplían y se presentan infinidad de recursos, lo que está desbordando a la Administración de Justicia”, sostiene el abogado especializado en arrendamiento.

En su opinión, también es fundamental reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Penal, con el fin de que los procedimientos de desahucio se lleven a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin esperar la autorización judicial.

Por otro lado, considera necesario reformar el Código Penal para que el delito más usual, que es el de usurpación de vivienda, no tenga una simple multa económica, sino que conlleve penas de prisión menor. Y alerta de que la Fiscalía General del Estado debe unificar sus criterios e instrucciones para toda España, y aclare qué se entiende por un delito de usurpación de vivienda flagrante, y cuáles son los plazos que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para echar a los inquilinos.

En este punto, Zurdo explica que “la okupación ya está considerada como delito flagrante, lo que pasa es que no se ha aclarado el plazo. De lo que se trata es de que la policía pille a unos okupas en el momento de la usurpación y que no les haya dado tiempo a tomar posesión del inmueble, que no se hayan empadronado en la casa y que no estén pagando los suministros ni la comunidad. De lo que se trata es de que los ocupantes no acrediten la posesión de la vivienda. Eso es fundamental”, insiste el abogado. 

Desalojos en 24 horas y un pacto de Estado

El Partido Popular ha registrado este mes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley contra la ocupación ilegal que permita el desalojo en 24 horas y recupere el delito de usurpación de inmuebles. 

Además, la ley que trata de impulsar los de Feijóo pretende impedir a los okupas que se empadronen y puedan optar así a los beneficios asignados por las Administraciones Públicas, ya que el okupa «no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes».

La normativa plantea también reformar el Código Penal para castigar a las personas que con violencia o intimidación okupen un inmueble con penas de uno a tres años de prisión y plantea cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación. Otra de las modificaciones propuestas afecta a la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de que las comunidades de propietarios tengan las herramientas necesarias para iniciar el proceso de denuncia de la okupación. 

A comienzos de julio, la Comunidad de Madrid planteó algo parecido: que el okupa sea desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas. Ahora son los propietarios los que tienen que demostrar que no han permitido al okupa hacer uso de su vivienda, lo que suele resultar complicado, ya que lo habitual es que las escrituras estén guardadas en los domicilios y, por tanto, no puedan acceder a ellas. 

De esta manera, la región quiere «invertir los principios» de la actual ley orgánica para perseguir algo que califican como un «acto ilícito que lesiona la propiedad individual, algo que es básico en una democracia liberal».

Desde el mundo inmobiliario también han llegado algunas propuestas, como la necesidad de alcanzar un pacto de Estado. El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) ha criticado recientemente en un informe «la laxitud y la poca claridad de la ley» en materia de ‘okupación’, «que vive en estos momentos su punto más álgido».

Según los agentes inmobiliarios, es necesario alcanzar «un pacto de Estado» entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar «una solución efectiva y a largo plazo». De lo contrario, aseguran, «se seguirá creando una confusión tanto para el consumidor como para el inversor que es muy perjudicial para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía y que vulnera claramente uno de los derechos que cimentan nuestro Estado de Bienestar, como es el de la propiedad privada».

Es seguramente uno de los momentos más esperados después de toda una vida trabajando. Porque todo el mundo cumple una edad y va llegando el momento de poner fin a la etapa laboral, o lo que es lo mismo: jubilarse.

«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio», según refleja la Carta Magna.

Así pues, toda persona que haya cotizado acorde al Sistema Público de la Seguridad Social tendrá derecho a jubilarse, y, por tanto, a recibir una pensión.

No obstante, existen determinadas condiciones para jubilarse y poder cobrar la totalidad de esa prestación. «La edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral», especifica el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá.

De acuerdo con esta premisa, en 2022 está establecido que para jubilarse con el 100% de la pensión hay que cumplir 66 años y 2 meses. No obstante, también es posible hacerlo con 65 años, siempre y cuando se pueda confirmar que esta persona haya cotizado 37 años y 6 meses.

Cabe destacar que la edad de jubilación se va incrementando cada año desde 2013 y que tendrá fin en 2027. A partir de dicha fecha, la edad de jubilación ordinaria será de 67 años siempre cuando el interesado haya cotizado menos de 38 años y 6 meses. En el caso de cumplir 65 años de edad, un ciudadano se podrá jubilar acreditando una cotización de más de 38 años y 6 meses.

Ante cualquier duda, el Ministerio de Seguridad Social pone a disposición de los ciudadanos un portal web para resolver las cuestiones relativas a las pensiones y otro tipo de prestaciones, con el que además se puede pedir cita previa para acudir a un centro del Ministerio.

(Publicado en abc.es el 16-08-2022).

El Partido Popular promueve una ley para facilitar el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas y poder imponerles penas de cárcel de hasta cinco años, según informa El Español. Para conseguir este último objetivo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo plantea recuperar el delito de usurpación de inmuebles. 

Para ejecutar los desalojos exprés en menos de 24 horas, el PP explica que su aplicación se llevaría a cabo cuando se constatase «un delito flagrante». Además, la ley que trata de impulsar los de Feijóo pretender impedir a los okupas que se empadronen y puedan optar así a los beneficios asignados por las administraciones públicas. En esta propuesta, la comunidad de propietarios juega un papel relevante porque tendrán las herramientas necesarias para iniciar el proceso de denuncia de la okupación. 

Cabe destacar que a comienzos de julio, la Comunidad de Madrid planteó algo parecido. En concreto, la región proponía que el okupa sea desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas. Hasta ahora, los propietarios de una primera vivienda son los que tienen que demostrar que no han permitido al okupa hacer uso de su vivienda y esto es algo muy complicado porque las escrituras suelen estar guardadas en sus propios domicilios y no pueden acceder a ellas. Por este motivo, desde Sol defienden que sea okupa el que tenga que demostrar en 48 horas que tiene derecho a vivir allí. 

De esta manera, el PP de Madrid quiere «invertir los principios» de la actual ley orgánica para perseguir algo que califican como un «acto ilícito que lesiona la propiedad individual, algo que es básico en una democracia liberal», según informa el PP de Madrid. 

Cabe recordar que el fenómeno de la okupación es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Interior revelaba 13.389 denuncias en los nueve primeros meses del 2021, lo que supone un 20% más que durante el año anterior. Si se compara con las cifras conocidas hace cinco años, el crecimiento de la okupación es del 40%.

(Noticia publicada en idealista.com el 11-08-2022).

Dice Joshua Edelman, con 671 conciertos sobre sus manos, cifra récord en el lugar, que el Café Central «es un espacio propicio para la creatividad, la comunicación, la cercanía». «Es como si siguieran presentes los espíritus de tantos grandes músicos que han pasado por ahí y a nosotros nos correspondiera invocarlos», apunta el pianista neoyorquino.

El próximo viernes se cumplen 40 años desde que abrió el Café Central en el recinto de lo que era una tienda de marcos y vidrieras. Cuatro décadas después, y superadas no pocas amenazas de clausura, en la Plaza del Ángel número 10, en el Barrio de las Letras, se siguen ofreciendo conciertos a diario, tras la pandemia en doble sesión, con el jazz como punto de encuentro dentro de una programación abierta a otros estilos.

«En los años ochenta era una fiesta permanente», recuerda Javier Colina, quien, antes de ser protagonista, venía desde su Pamplona natal para asistir a conciertos como espectador. «Muchos músicos hemos aprendido de las enseñanzas de quienes han tocado en el Central y hemos forjado en él gran parte de nuestras carreras», agrega el contrabajista, que en el verano de 1995 tocó durante todo un mes mano a mano con Tete Montoliu. «Nos veíamos en el escenario. Nunca ensayábamos. Solíamos interpretar standards y no me anunciaba el título. Simplemente iniciaba la melodía y esperaba mi respuesta. Era una persona de acción, honesta y sincera, con un gran sentido del humor».

Un año antes, en uno de los momentos delicados para el club, con el Mundial de fútbol de Estados Unidos como reclamo de ocio alternativo, Montoliu estuvo a piano solo los 31 días de agosto, sin demandar ni mucho menos la remuneración que correspondía a su bien ganado caché.

Han sido numerosos los avatares desde que un grupo de estudiantes involucrados en la lucha antifranquista, con Gerardo Pérez y Manuel Ángel Blázquez, Nanye, a la cabeza, empezaron a sentar las bases de tan formidable aventura. «Casi desde sus inicios el Central estuvo amenazado por el cierre. No es un negocio rentable, entre otras cosas porque se trata de un espacio muy pequeño», comenta Javier González, programador del Café.

Desde que la Orquesta Girasol, entonces en conciertos de una sola fecha, y Mikropunto, ya con actuaciones a lo largo de toda la semana, arrancaron la propuesta musical, han desfilado artistas de extraordinario calado, con George Adams y Don Pullen, músicos de Charles Mingus, como figuras vertebrales en la proyección del local, allá por 1988.

«Tiene un público muy entendido, la gente no va a tomar copas y hablar», dice el cantante y guitarrista Jeff Espinoza, ex integrante del grupo Red House y hoy al frente de su propia banda con los Gypsy Runners.

«Recuerdo que el último día, después de una semana de conciertos, me metí en la cocina a preparar chili con carne y arroz con frijoles que compartimos con los trabajadores del local y con el público, junto a tequila, mucho tequila», cuenta Jeff. «Es un club que facilita la cercanía con los músicos, se puede hablar con ellos después de verlos tocar, creando vínculos especiales», agrega Javier González, abundando en la peculiar atmósfera que envuelve al Central.

«En 1997, cuando estuve estudiando en Sevilla, me escapé un fin de semana a Madrid y entré al club por la mañana, siguiendo la recomendación de una guía de la ciudad. Pedí un café en la barra. Estaban ensayando Bobby Martínez y Javier Colina. Me quedé atado a mi silla hasta que cerraron. Fue un amor a primera vista. Sólo salí un momento para buscar una cabina y llamar a mi padre a Estados Unidos: ‘He encontrado el sitio perfecto para que podamos tocar en Madrid’, le dije».

Habla el cantante, multiinstrumentista y productor Leo Sidran, quien desde 1998 actuó en el Central cada noviembre hasta el estallido de la pandemia. Primero, en el cuarteto de su padre, Ben. Desde hace unos años, también liderando su propio grupo.

«Después de más de 200 conciertos en el Central, tengo grandes recuerdos del club, desde la noche que conocí a Rosa Passos hasta las noches locas cuando Paquito d’ Rivera y Jerry González vinieron a tocar con nosotros, pasando por las dos semanas con mi órgano Hammond. Pero mi primer recuerdo sigue siendo el más poderoso: la noche, hace 25 años, que Leo me llevó a esa sala de espejos, nos sentamos a una mesa y supe que estaba en casa», evoca Ben Sidran. El pianista, compositor y musicólogo de Chicago grabó en el Central, con el Hammond, en 2008, el disco titulado Cien noches (Nardis) para celebrar la primera cifra redonda en su inextinguible idilio con el club, renovado el pasado mes de mayo, cuando presentó su nuevo álbum, Swing state (Nardis).

No es el único testimonio en directo. En 2012, Javier Colina, Albert Sanz y Al Foster grabaron For regulars only. Dos años después, Javier Krahe haría su último disco, titulado En el café Central de Madrid. El primero fue el armonicista Antonio Serrano, que será uno de los invitados en la programación especial de este agosto (19, 20 y 21, junto al pianista Federico Lechner). En 1999 grabó junto al trío de Joshua Edelman En el Central.

«En su origen concitaba las ganas de vida que había entonces en Madridtras la victoria del PSOE», recuerda Richie Ferrer, otro de los habituales del Café Central, bien fuera junto a Pedro Iturralde, la Larry Martin Band u otras formaciones, desde su primera actuación, en 1988.

«Debería ser un local de bien público, dado que ofrece un importante servicio cultural y social», agrega el contrabajista valenciano, que el pasado martes se sumó al concierto del Toni Moreno Spain Quartet.

(Artículo publicado en elmundo.es el 8-8-2022)