«Esto va a meter presión al Gobierno de cara a la nueva ley estatal». Así resumen desde uno de los mayores fondos inmobiliarios que operan en España el principal impacto que va a tener el 14-F en el mercado inmobiliario nacional, un terreno en el que llueve sobre mojado. Desde hace años, Cataluña es la brújula que marca el norte hacia el que están girando las políticas de vivienda en España, una guía liderada por los partidos de izquierda más radical, que han hecho bandera del derecho de todos los ciudadanos a tener un hogar a un precio accesible, ya sea compra o alquiler, y que para construir su discurso han criminalizado a los grandes inversores institucionales.
Sobre esta base, en los últimos tiempos, en Cataluña se han desarrollado diferentes normativas, como la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, las limitaciones al precio del alquiler, la obligación de ofrecer alquileres sociales a okupas que hayan entrado en un piso vacío o la de ofrecer un alquiler social por hasta siete años en los casos de ejecución hipotecaria.
«Esto es una locura», se lamenta un empresario inmobiliario catalán que pide salvaguardar su anonimato. «Han ganado unos partidos que defienden que quien ocupa una vivienda tiene derechos sobre esa casa y que son ellos quienesdeben poner el precio de los pisos, no el mercado. Yo me juego mi dinero, y te digo que aquí no va a poner una ‘pela’ nadie», añade. «El problema son los constantes cambios regulatorios, es la inseguridad jurídica, más que una normativa concreta. Una ley puede gustar más o menos, pero tiene que ser constante, no cambiante», señala Roberto Rey, presidente de la firma de valoración y consultoría inmobiliaria Gloval.
Aunque el grueso de los análisis tras el 14-F se están haciendo en clave independentismo-constitucionalismo, para los inversores inmobiliarios el reparto de fuerzas está entre partidos de izquierda radical y partidos moderados, y los vencedores este domingo han sido los primeros. «Han salido reforzados los partidos que no respetan la seguridad jurídica ni la empresa privada, lo que va a traducirse en una mayor fuga de inversiones en Cataluña», aseguran desde un gran fondo internacional.
Dos operarios desmontan el material publicitario de la campaña electoral en la sede de ERC en Barcelona. (EFE)
Desde Alantra, en una nota a inversores de ayer, se destaca «la falta de seguridad jurídica en el sector inmobiliario» como uno de los elementos que más han jugado en contra de la economía catalana en los últimos años en la región, una comunidad que por sus desafíos políticos ha ido perdiendo fuerza, y flujos de inversión que habrían ido a este mercado se han redirigido a otras regiones como Madrid, que se han comportado mejor. Además, recuerda que ERC ya «está apoyando la coalición gobernante a nivel estatal».
La fortaleza con que salen de estos comicios ERC y CUP va más allá de los 42 diputados que suman entre las dos, y que unidos a los 32 de JxCAT les permitirían gobernar, y llega hasta Madrid, donde PSOE y Unidas Podemos decidieron aparcar las negociaciones sobre la nueva Ley Estatal de Viviendas hasta que pasaran las elecciones catalanas.
Los principales desacuerdos entre los socios de gobierno giran en torno a la necesidad de obligar a los grandes tenedores a dedicar el 30% de sus viviendas a alquiler social, la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado del alquiler y la regulación de los precios del alquiler.
Conviene recordar que, ya el pasado noviembre, la formación de Pablo Iglesiaslanzó un órdago al presidente Pedro Sánchez cuando, en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, firmó junto a ERC y EH Bildu dos enmiendas para paralizar los desahucios, desafío que terminó obligando al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a comprometerse a tramitar una nueva normativa. «En estos meses, hemos visto que Unidas Podemos tiene más poder en el Gobierno del que le correspondería por peso en materia de vivienda, pero es su mantra y ahí no cede posiciones hasta que consigue doblegar al PSOE», reflexionan desde otro fondo.
Un ejemplo de cómo pueden llegar a impactar estas políticas en el negocio se acaba de ver en Barcelona, donde el año pasado se desplomó un 40% el número de visados de vivienda nueva, según los datos del Colegio de Arquitectos de Cataluña. En este desplome, obviamente, tuvieron un papel crítico la pandemia y el confinamiento, pero el hecho de que en el resto de la provincia el recorte fuera solo del 17%, y que en el conjunto de Cataluña se situara en el 23%, indica que la Ciudad Condal está siendo víctima de un frenazo inversor en seco para nuevas promociones por la norma que obliga a destinar un 30% a vivienda protegida.
«Al final, el mercado privado siempre encuentra las formas de desarrollarse de otra manera», apunta Carles Vergara, profesor de Dirección Financiera de IESE, para quien «una de las cosas buenas, o menos malas, que ha traído el resultado del 14-F es que se va a tener que llegar a acuerdos, se necesitarán mayorías». La duda es hasta qué punto, y teniendo en cuenta la importancia que para estos partidos tiene la política de vivienda, si lo que se pacte en el Parlament terminará llevándose hasta el Parlamento nacional.
(Publicado por Ruth Ugalde en elconfidencial.com el 16-02-2021)